Con orgullo y hasta un poco de vanidad -noté yo- un amigo muy querido me comentaba que ha comprado un teléfono celular de quinta generación (5G) y muy a mi pesar tuve que informarle que lamentablemente no podía disfrutar de los beneficios de dicha tecnología, al menos no en nuestro país.
¿Pero que es lo que pasa en nuestro Ecuador de 2022 que no gozamos aun de la tecnología 5G?, la pregunta tiene diferentes aristas y en este artículo es mi intención el brindar las luces necesarias en esta aparente oscura interrogante.
Para empezar, analicemos un poco el escenario de los servicios de telecomunicaciones, primero para el desarrollo de cualquier tecnología de telecomunicaciones es necesario la participación de tres sectores: los fabricantes de equipo, las operadoras del servicio y el estado como ente regulador de las frecuencias, lo que en el ambiente técnico llamamos el espectro radioeléctrico.
En el caso de nuestro país y a nivel mundial, el primer actor ya ha desplegado su contribución, es decir, está en la capacidad de ofrecer teléfonos celulares que cumplen con los estándares de 5G y ya están presentes en el mercado local.
En el caso del segundo y tercer actor entra en juego el tema del espectro radioeléctrico, es decir las frecuencias necesarias para el despliegue de la tecnología inalámbrica, para poder contar con ellas debe abrirse por parte del Estado un proceso de licitación del espectro radioeléctrico, con la finalidad de licitar las frecuencias y concesionarlas a las empresas interesadas, entre ellas las actuales operadoras del servicio de telefonía móvil deben participar de dicho proceso para adjudicarse una o varias de estas bandas de frecuencia.
Es aquí donde se pone peliagudo el asunto, ya que según declaraciones del entonces ministro de telecomunicaciones, Andrés Michelena en el año 2020, las bandas de 700 MHz, AWS, 2500 MHz y 3500 MHz debieron ser ofertadas en el año 2021 y hasta la fecha, ni el gobierno de todos, ni el gobierno del encuentro lo han hecho; el exministro Michelena y la actual ministra deben dar explicaciones por la dilación en estos procesos que perjudican la conectividad de la ciudadanía y que son fundamentales para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Conectividad y la Agenda Digital del Ecuador.
Para recordar, en el último proceso de licitación de frecuencias que data del año 2015 se asignó 50 y 60 MHz adicionales para las dos operadoras móviles más grandes del país, OTECEL (Movistar) y CONECEL (Claro); espectro por el cual pagan en conjunto 330 millones de dólares anuales hasta 2023, lo que dan un total 2.640 millones de dólares.
Esto con respecto al procesos de licitación de frecuencias, que es el primer proceso necesario, pero tampoco debemos perder de vista que las licencias de las dos operadoras móviles vencen en 2023; como dato, el ultimo proceso de renovación en 2008 le dejó al estado ecuatoriano un pago de contado 289 millones de dólares por parte de CONECEL y en dos partes, OTECEL cubrió 90 millones; eso al año 2008.
Adicionalmente cada operadora, según el contrato vigente, debería estar cancelando al Estado el 3,93% de su facturación anual. Mediante ese mecanismo, el Estado deberá haber recibido entre 1.200 y 1.500 millones de dólares por la concesión de 15 años (hasta el 2023).
Por lo que estamos hablando de recursos muy importantes para las arcas del estado ecuatoriano y jamás el gobierno debería pensarse en suscribir contratos que estipulen valores menores a los que se ha venido recaudando.
Como podemos ver, las operadoras y el estado tienen un papel fundamental en el despliegue de 5G y como ciudadanos debemos estar atentos y tener mucho cuidado con las negociaciones que se lleven a cabo, que no se pretenda meter en un solo paquete los procesos señalados: la licitación de frecuencias, el primero y la renovación de las licencias, el segundo; son dos negociaciones diferentes y cada uno de ellas debe generar altos ingresos al estado ecuatoriano, como quedó demostrado en las líneas anteriores; el negocio de las Telecomunicaciones es uno de los más rentables del mundo y parte de ese lucro debe ser para mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos.
Para finalizar solo me queda felicitar a mi buen amigo por la compra de su nuevo teléfono y decirle que ha sido timado y no precisamente por el vendedor del teléfono.